Sólo el silo de Minaya, con capacidad para 25.000 toneladas, seguirá teniendo un uso agrícola.

Europa ha dado la puntilla a los viejos silos de cereal. Estas particulares construcciones, que en muchas localidades se dejan ver antes incluso que las torres de las iglesias, junto con almacenes, graneros y secaderos, fueron un pilar fundamental de la política agraria franquista y hasta no hace tanto se han estado usando. Sin embargo, la Política Agraria Comunitaria (PAC) que ahora rige el destino de nuestro campo, apenas apuesta por la intervención pública de los cereales para controlar su precio y esto ha hecho que estas singulares edificaciones del patrimonio industrial español, también muy presente en la provincia, estén prácticamente en desuso. Tanto, que en la provincia sólo se dejará operativo el silo de Minaya, uno de los más grandes de España. El resto, serán cedidos -algunos ya lo han sido- a los ayuntamientos para que decidan qué es lo que quieren hacer con ellos. Aunque en 1953 terminó el periodo de racionamiento en España, los silos siguieron teniendo una gran utilidad, tanto es así que se siguieron construyendo a lo largo de las décadas posteriores.
A comienzos de la década de los 70 se contabilizaban en el territorio nacional casi 550 silos de distintos tipos y en los 80 la red superaba los 850.Esta red de almacenamiento de cereal era propiedad del Ministerio de Agricultura y estaba gestionada por el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), un organismo autónomo que se creó en 1971, para aglutinar las competencias de dos organismos anteriores: el Servicio Nacional del Trigo, creado por Franco en 1937 cuando el Estado se quedó con el monopolio de compra de este cereal, y el Servicio Nacional de Cereales, que le sucedió en 1968. Los agricultores tenían que entregar, cada verano, su cosecha a los almacenes de este organismo al precio fijado por el Gobierno.
El Senpa tenía como misión controlar la producción y distribución de los productos agrícolas y, sobre todo, regular los precios. Pero, cuando en 1986 España entró en la Unión Europa el mercado del trigo se liberalizó y el Senpa quedó supeditado al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (Feoga) y a las directrices de la política agraria europea, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega).
El traspaso a la Región. Años más tarde, estas competencias fueron transferidas a las comunidades autónomas. En 1996, Castilla-La Mancha asumía las competencias en materia de agricultura. Aunque el Fega seguía siendo el responsable de la intervención, por tanto, los silos seguían siendo de su propiedad. Hasta que en marzo de hace dos años, la Consejería de Agricultura se hizo cargo también de todos los medios y el personal que trabajaban en la regulación de los mercados.
A día de hoy, el único silo operativo es el de Minaya, pues está integrado en lo que se denomina Red Básica de Almacenamiento y, por tanto, la Consejería de Agricultura está obligada a mantener su uso como silo de cereales, para utilizarlo como almacén en caso de que la administración tuviese que intervenir comprando mercancía para impedir la bajada de los precios en el mercado. «Ahora está vacío -explicaba el delegado de Agricultura, Manuel Miranda- pero no hace tanto que se ha usado, en los años 2004 y 2005 sirvió para almacenar arroz cuando se tuvo que intervenir en este mercado». El silo de Minaya es el más grande de la provincia y uno de los más grandes de España, con capacidad para 25 millones de kilos de mercancía, un tercio de todo el cereal que se podría almacenar en la red provincial.«La Política Agraria Común cada vez da menos relevancia a la intervención de los mercados y apuesta por otros mecanismos, como pueden ser los barbechos, la retirada de tierras, para controlar los precios», argumentaba el delegado a la hora de explicar el porqué los silos se han convertido en unas instalaciones casi inútiles.
Cesión a los municipios. El resto de los silos, almacenes y graneros, -y en la provincia hay construcciones de este tipo en 25 localidades-, hace tiempo que ya no se usan para este fin. Muchos están cerrados y algunos tienen un uso que dista mucho de aquel para el que fue concebido. En algunos pueblos, como Casas Ibáñez, Madrigueras o Higueruela, sirven de sede a las oficinas comarcales agraria.El delegado de Agricultura explicó que los planes de su departamento pasan por «formalizar» la cesión de uso que en su día hizo el Ministerio de Agricultura a algunos ayuntamientos de estas instalaciones. En el resto de los casos, se ofrecerán estas dependencias a las localidades para que decidan qué quieren hacer con ellas.